SANTO DOMINGO. – La advertencia de mayores sanciones por corrupción en hospitales públicos volvió a colocar bajo escrutinio la gestión y los controles dentro de la red estatal de salud. En una conferencia convocada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), autoridades responsables de persecución, control y fiscalización de los recursos públicos analizaron los desafíos de la gestión sanitaria, con énfasis en control interno, prevención de riesgos y uso eficiente de los fondos.
La actividad reunió a directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras, áreas especialmente sensibles en el manejo de recursos públicos. Durante la apertura, el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, afirmó que la institución busca fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, mientras insistió en que la transparencia es un compromiso con la ciudadanía.
En ese escenario, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que el nuevo Código Procesal Penal refuerza la responsabilidad de los servidores públicos y establece sanciones más severas para actos de corrupción. Señaló que cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público podrá ser perseguida penalmente, e identificó entre las conductas sancionables el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos, la manipulación de precios y el uso indebido de recursos, una enumeración que subraya la necesidad de vigilancia permanente sobre la administración hospitalaria.