República Dominicana sigue entre los países cuyos ciudadanos requieren visado para ingresar al espacio Schengen, una condición que la mantiene en una categoría migratoria que la diplomacia dominicana lleva años tratando de revertir. El marco europeo, consolidado con el Reglamento 539/2001, continúa ubicando al país junto a un grupo reducido de naciones iberoamericanas sujetas a esa restricción.
La situación resulta especialmente sensible porque, aunque se trata de la economía más grande del Caribe insular y de una de las de mayor crecimiento regional en las últimas décadas, el país no ha conseguido traducir ese desempeño en una mejora de su acceso al espacio europeo de libre circulación. Bruselas no fundamenta su evaluación en variables económicas, sino en indicadores como permanencia irregular, solicitudes de asilo, seguridad documental y comportamiento estadístico de los viajeros.
Ese panorama vuelve a plantear la exigencia de explicaciones sobre los resultados reales de las gestiones oficiales en un asunto que incide de manera directa en la movilidad internacional de los dominicanos. Mientras otros Estados caribeños con menor tamaño poblacional disfrutan de acceso sin visado, República Dominicana continúa sometida a controles documentales reforzados y a una percepción de riesgo migratorio que arrastra desde los años noventa.