La autorización de US$600 millones en préstamos volvió a poner bajo la lupa la coherencia fiscal del Gobierno, en un escenario de preguntas sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte sostuvo que la discusión no debe limitarse a cuánto se pide prestado, sino a para qué se adquiere esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado aplica la misma disciplina fiscal que demanda a la ciudadanía.
De acuerdo con su explicación, US$400 millones del monto aprobado se orientarían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que favorecería sobre todo a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Ante esa realidad, propuso evaluar alianzas público-privadas para que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructuras que servirán directamente a sus empresas.
Marte advirtió que el aumento sostenido de la deuda pública eleva la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, reduce el margen de respuesta ante futuras crisis, incrementa la vulnerabilidad frente a alzas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias por el servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. Además, criticó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que detalle qué partidas se recortarán, cuánto se recaudaría y cuál será el destino de esos recursos.