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893 muertes y 30,826 heridos en 2026 reavivan las dudas sobre la seguridad vial

junio 4, 2026 · Redactor
893 muertes y 30,826 heridos en 2026 reavivan las dudas sobre la seguridad vial
Foto: eldinero.com.do

Las cifras divulgadas por el Intrant vuelven a poner en la mira la fiscalización, la infraestructura y la capacidad de respuesta frente a una crisis que sigue afectando a la población.

En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han provocado 893 fallecidos y 30,826 lesionados en República Dominicana, un balance que vuelve a evidenciar el alto costo humano de una seguridad vial que aún no arroja resultados suficientes. El dato fue expuesto por Joel Gnecco Gross, director de Tránsito y Vialidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al admitir que no se trata de hechos inevitables, sino de siniestros asociados a velocidad, conducción riesgosa, motocicletas, falta de protección, baja percepción del riesgo, fiscalización efectiva insuficiente, infraestructura vial tolerante al error y una cultura vial débil.

En una entrevista concedida a elDinero, Gnecco Gross sostuvo que la respuesta debe ser integral e incluir educación, fiscalización, ingeniería vial, licenciamiento, tecnología, análisis de datos y sanciones efectivas. Su diagnóstico también identificó como factores de la alta siniestralidad el exceso de velocidad, la imprudencia, el irrespeto a las señales, el uso inadecuado del casco, la conducción bajo los efectos del alcohol, las distracciones y las maniobras peligrosas, con especial impacto sobre los usuarios más vulnerables, en particular los motociclistas.

El panorama se agrava por la composición del parque vehicular. De acuerdo con la DGII, al cierre de 2025 el país contaba con 6.1 millones de vehículos, de los cuales el 57% corresponde a motocicletas, con 3.5 millones. A esto se suma que apenas el 37% del parque vehicular tiene una póliza vigente, según la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar). En el caso de las motocicletas, menos del 10% dispone de un seguro, una brecha que refuerza la necesidad de mayor vigilancia institucional y de rendición de cuentas frente a una crisis que sigue creciendo.