La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una presunta estructura dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó de la acción operativa al plano de la fiscalización institucional luego de que abogados defensores denunciaran supuestas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, durante los 28 allanamientos efectuados en Santiago y Puerto Plata se realizaron detenciones sin las debidas órdenes judiciales, además de restricciones al acceso a la defensa técnica. También afirman que algunos imputados permanecieron incomunicados y que no pudieron contactar a familiares ni a sus representantes legales en las primeras horas, al tiempo que cuestionan la presentación de pruebas por un presunto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, entre ellos cinco señalados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público sostiene la legalidad del caso y asegura contar con abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.