La reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01 en el componente de pensiones avanza en el Gobierno dominicano con la participación de varias instituciones, entre ellas la Superintendencia de Pensiones (Sipen). Sin embargo, el debate llega acompañado de un antecedente que obliga a reforzar la fiscalización: el ajuste aplicado en 2019 al esquema de ganancias de las AFP, que pasó a una comisión fija de 0.75% sobre todo el patrimonio administrado.
Desde que comenzó el ahorro previsional, cada trabajador aporta el 2.87% de su salario y el empleador suma el 7.10%, para un total de 9.97% destinado a una cuenta de capitalización individual administrada por una AFP. No obstante, con el modelo vigente desde 2019, las administradoras obtienen una ganancia segura aun cuando el fondo no registre un rendimiento elevado, e incluso si no produce rendimiento alguno, algo que ha sido señalado como un mecanismo que beneficia más a las AFP que a los trabajadores.
Por eso, el impulso oficial a una nueva reforma y la promoción pública de su contenido por parte del superintendente de Pensiones reactivan la alerta sobre el destino del ahorro laboral. Más que en la difusión de la propuesta, el debate vuelve a situar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre un sistema que ya fue modificado en perjuicio de quienes aportan.