El desalojo ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra El Navío Bar & Seafood, en la zona costera de Pedernales, quedó bajo cuestionamiento luego de que su propietario, Odanis Antonio Grullón, denunciara que la medida se realizó en violación de una sentencia judicial que, según dijo, suspendía la ejecución ordenada mediante la Resolución No. 009-2026. El señalamiento coloca el foco en la necesidad de explicaciones oficiales sobre el respeto a las decisiones de los tribunales y la coherencia de la actuación administrativa.
Durante una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Grullón reconoció que el negocio estaba dentro de la franja protegida de 60 metros a partir de la pleamar, pero sostuvo que su permanencia en el lugar había sido autorizada por el propio Ministerio de Medio Ambiente bajo excepciones previstas en la legislación ambiental. Citó entre esos permisos la Autorización No. VCMYM-511-2021, de fecha 14 de mayo de 2021, emitida tras inspecciones técnicas de funcionarios ambientales y autoridades de Recursos Costeros y Marinos, además de otras autorizaciones posteriores para ampliaciones, pasarelas y reparaciones.
El empresario también afirmó que la Ordenanza Civil No. 250-2026-SCIV-00026, emitida el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, ordenaba suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior Administrativo conociera el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de Medio Ambiente. La denuncia, sumada a su afirmación de que no recibió notificación previa del reciente retiro, refuerza el contraste entre la actuación ejecutada y el proceso legal que, según su versión, seguía abierto.