Emmanuel Macron admitió que la desaparición y muerte de Lyhanna, una niña de 11 años en el sur de Francia, puso en evidencia «fallos» en la justicia. El presidente francés habló de una «disfunción» y afirmó que ahora corresponde aclarar las responsabilidades, después de que el principal sospechoso, Jérôme Barella, de 41 años, nunca fuera detenido para ser interrogado pese a acumular denuncias por presunta violencia sexual contra menores.
Tras hallarse el cuerpo de la menor en una explotación agrícola de Puycasquier, cerca del lugar donde desapareció después de salir del colegio, en el departamento de Gers, llegaron las declaraciones de Macron. El mandatario sostuvo que no se puede decir a la familia que todo funcionó bien, en un reconocimiento que marca el contraste entre la respuesta institucional y el desenlace del caso.
La crisis llevó al primer ministro francés, Sébastien Lecornu, a reunir a los ministros de Interior y Justicia, Laurent Nuñez y Gérald Darmanin, para evaluar una situación que ha provocado fuerte indignación en el país. Darmanin admitió que «el sistema judicial no protegió a Lyhanna» y pidió «disculpas» a la familia y al pueblo francés, mientras convocó a todos los fiscales generales a una reunión de trabajo en París, en medio de crecientes exigencias de rendición de cuentas por las fallas expuestas.
