El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras regresó al debate público luego del motín ocurrido recientemente en sus instalaciones, a solo siete meses de haber entrado en operación. El hecho impacta la narrativa con la que la obra fue presentada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), junto a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), como una salida estructural al hacinamiento y la precariedad de La Victoria.
En su inauguración, las autoridades lo exhibieron como un modelo penitenciario sustentado en seguridad, rehabilitación y control institucional. También resaltaron que tendría una capacidad inicial para 2,400 internos en una primera fase, con una proyección de hasta 8,500 privados de libertad, además de un esquema progresivo respaldado por educación obligatoria, trabajo y disciplina bajo la premisa de “cero ocio”.
A esa apuesta se añadió una inversión fuerte en infraestructura y tecnología, con videovigilancia, controles de acceso automatizados, sensores, áreas para fuerzas especiales y un centro de monitoreo para responder a emergencias. Sin embargo, el motín vuelve a poner bajo revisión si ese despliegue ha sido suficiente para asegurar el control y los resultados anunciados en un proyecto presentado como emblema de transformación del sistema penitenciario.