SANTO DOMINGO.– La discusión en torno al nuevo Código Penal volvió a generar alertas institucionales después de que el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtiera que la redacción vigente del artículo 209, que tipifica la llamada “difamación extorsiva”, entraña riesgos constitucionales y podría transformarse en una herramienta contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Al analizar esa disposición, Castaños Guzmán sostuvo que, aunque se procura responder al uso de medios de comunicación y plataformas digitales para ejercer chantaje o presión sobre terceros, la fórmula adoptada no contempla los contrapesos necesarios para prevenir abusos. Señaló que la figura penal pretende sancionar la amenaza de divulgar informaciones que lesionen la reputación de otra persona con el fin de obtener beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza, pero advirtió que la norma omite elementos esenciales como la veracidad de la información y el interés público de los hechos divulgados.
“El legislador ha identificado correctamente el problema del chantaje mediático, pero la solución punitiva propuesta no establece salvaguardas suficientes para diferenciar una conducta extorsiva de una denuncia legítima o de una investigación periodística realizada en beneficio del interés público”, indicó. A juicio del jurista, la ausencia de una cláusula que excluya responsabilidad penal cuando la divulgación persiga fines legítimos de denuncia abre la puerta a interpretaciones amplias, con el riesgo de criminalizar labores propias del periodismo y de la fiscalización ciudadana. También observó la amplitud de la expresión “beneficio de cualquier naturaleza”, al considerar que puede reforzar ese margen de discrecionalidad.