El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha acciones ante tribunales federales para revocar la ciudadanía de 17 personas naturalizadas, a las que acusa de haber obtenido ese estatus mediante fraude, el uso de identidades falsas o la ocultación de antecedentes graves. La nueva ofensiva, impulsada bajo la gestión de Donald Trump, vuelve a situar en primer plano no solo la gravedad de los casos, sino también las debilidades de control que permitieron que estos expedientes avanzaran hasta la naturalización.
Entre los señalados aparece un exsacerdote católico acusado de abuso sexual contra un menor, además de personas vinculadas a fraude al sistema de salud, fraude de visados, intento de agresión sexual contra un menor y distribución de medicamentos con receta sin licencia. Los expedientes también incluyen a un acusado de organizar solicitudes fraudulentas de visas H-1B y a una mujer que presuntamente adoptó una nueva identidad después de haber sido rechazada antes en un trámite migratorio.
Aunque el Gobierno defiende las demandas como parte de su política de tolerancia cero, el caso deja planteado un contraste incómodo entre el discurso oficial y la capacidad real de prevención: si ahora se persigue la desnaturalización por fraude y ocultamiento, también queda expuesta la necesidad de rendición de cuentas sobre los filtros institucionales que fallaron antes. La ciudadanía, presentada por las autoridades como un privilegio que debe ganarse con honestidad, entra así en una fase de mayor vigilancia judicial y política.