SANTO DOMINGO. – Una propuesta presentada por el senador Antonio Taveras Guzmán volvió a poner bajo la lupa disposiciones penales que, según la iniciativa, son ambiguas o desproporcionadas y pueden limitar el ejercicio de la libertad de opinión, crítica e información. El proyecto introduce cambios a varios artículos de la Ley 74-25 con el propósito de reforzar garantías constitucionales, proteger a los medios de comunicación frente a sanciones excesivas y ajustar los delitos contra el honor a criterios de legalidad y proporcionalidad.
Uno de los ajustes planteados recae sobre el artículo 208, relativo a la difamación, que quedaría circunscrito a la imputación pública de hechos falsos que lesionen el honor o la reputación de una persona. La propuesta suprime la prisión para ese delito y la reemplaza por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de reparación civil. En cuanto al artículo 209, que tipifica la llamada difamación extorsiva, la iniciativa la redefine como una modalidad agravada y disminuye la pena vigente de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando se utilice para obtener beneficios indebidos o compelir a una persona a actuar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La reforma también toca el artículo 210 sobre injuria, para dejar la intervención penal solo en conductas graves y dolosas, eliminando las penas de prisión y conservando multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y reparación civil. Con ello, el debate se orienta hacia la necesidad de revisar normas que impactan la relación entre poder, ciudadanía y medios, en una discusión en la que el Congreso queda presionado a rendir cuentas sobre si mantiene mecanismos punitivos cuestionados o corrige disposiciones con potencial efecto inhibidor sobre la crítica pública.