La controversia por la deuda entre alcaldías y Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) volvió a poner sobre la mesa un problema de rendición de cuentas en la gestión del sistema eléctrico y su efecto en los gobiernos locales. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, sostuvo que la deuda es recíproca y recordó que, aunque se ha hablado de una deuda de 300 millones de dólares de los cabildos con las EDE, esas empresas también incumplen disposiciones legales y constitucionales relacionadas con pagos a los municipios.
De acuerdo con lo que explicó, la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional y el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01 disponen que las EDE deben transferir cada mes a municipios y distritos municipales el 3% de la facturación corriente recaudada en su jurisdicción, mientras que los ayuntamientos tienen la obligación de pagar el consumo del alumbrado público y otras instalaciones municipales. Núñez aseguró que desde 2013 las distribuidoras no han cumplido con esa obligación, lo que, a su juicio, ha generado una deuda “incalculable” con los gobiernos locales.
Fedomu advirtió que la morosidad asociada al alumbrado público afecta el presupuesto de las alcaldías y restringe el cumplimiento de sus funciones. Por eso, Núñez insistió en que el debate no puede limitarse a lo que adeudan los cabildos, sino que también obliga a revisar por qué sigue sin ejecutarse una decisión del Tribunal Constitucional sobre recursos que, según recordó, no son un impuesto, sino un arbitrio municipal o tasa compensatoria legalmente establecida.