El caso Onco-14 ha vuelto a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos para la salud, esta vez con señalamientos de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos mediante el Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público apresó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes atribuye asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debieron destinarse a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que llegan a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, denominado Onco-14, también se inscribe en una secuencia de investigaciones ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había generado indignación por el presunto desvío de dinero orientado a la población más pobre y vulnerable.
Este nuevo escándalo refuerza la demanda de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, especialmente porque el órgano acusador todavía no ha revelado el monto del dinero defraudado. En medio de una cadena de casos sucesivos, la prioridad vuelve a ser aclarar el alcance del perjuicio y establecer responsabilidades sobre recursos que debieron traducirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.