Este martes, desde las 4:30 de la tarde, la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá la medida de coerción solicitada contra tres imputados por el presunto desvío de millones de pesos destinados a pacientes con cáncer, un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos sensibles ligados a la atención en salud.
Se trata de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como de Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Para todos ellos, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
Según el expediente, en coordinación con las razones sociales Vargas Lora & Asociados, hoy denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, los acusados habrían puesto en marcha mecanismos fraudulentos para apropiarse de recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos afiliados al Senasa. La investigación les atribuye supuestas prácticas de fraude clínico y farmacéutico, entre ellas cambios irregulares en indicaciones médicas, uso de sellos falsificados, doble facturación al Senasa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes. También les imputa la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la comercialización de fármacos donados, contrabando aprovechando exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas. De acuerdo con el órgano acusador, esas actuaciones ocasionaron perjuicios económicos al Estado y afectaron de manera directa a afiliados del Senasa que dependen de tratamientos para combatir el cáncer, lo que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en áreas críticas.