La Operación Onco14, desarrollada en Santiago como derivación de Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios ligados a SeNaSa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) funcionó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, mediante el cual dosis de medicamentos de alto costo se cobraban completas al seguro, aunque luego eran retenidas o entregadas solo en parte a los pacientes.
El expediente afirma que, luego del cambio de administración en el centro, aparecieron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones, conservados de manera deliberada. Ese material no se entregaba porque, al tratarse de fármacos donados o asignados directamente, no generaba el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas remitidas a SeNaSa, una práctica que agrava el daño para pacientes que dependían de esos tratamientos.
Además, la investigación atribuye al grupo otras irregularidades, entre ellas la asignación de gastos de representación por cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se menciona una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. Las autoridades sitúan el caso dentro de un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones en la trama revelada por Operación Cobra, lo que vuelve a elevar la exigencia de rendición de cuentas y de supervisión efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.