La condena de 20 años de cárcel contra tres generales, junto con penas de entre tres y 15 años para civiles, policías y militares de menor rango en los expedientes Coral y Coral 5G, vuelve a poner la corrupción pública bajo la lupa. A esas sanciones se añade el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles valorados en 5,000 millones de pesos y el pago de 400 salarios mínimos, en un caso que pasa a servir como referencia para medir si los demás procesos avanzarán con el mismo rigor.
El fallo también incrementa la presión sobre los expedientes que siguen pendientes y que tienen una dimensión igual o mayor, en medio de un debate público marcado por tácticas dilatorias y triquiñuelas atribuidas a abogados defensores de acusados en distintos casos. En ese escenario, la actuación del Ministerio Público encabezada por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo queda sometida a una prueba mayor: convertir este precedente en resultados sostenidos y evitar que otros procesos terminen en impunidad.
Entre los procesos mencionados figuran el de la EDE, en el que Maxy Montilla, cuñado del expresidente de la república Danilo Medina, accedió a devolver 3 mil millones de pesos al Estado y colaborar con las investigaciones, así como los de Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y compartes, Intrant, SENASA y el Oncológico de Santiago. La señal que deja Coral y Coral 5G no cierra el debate; lo traslada hacia la rendición de cuentas pendiente en los demás expedientes.