Una vez las condenas del Caso Coral queden firmes, varios militares y policías no solo enfrentarían años de cárcel, sino también la pérdida automática de pensiones, honores y otros beneficios pagados por el Estado. Conforme a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 y al Código de Justicia Militar 3489, al mayor general ERD Adán Cáceres Silvestre; a los generales FARD Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, así como a los demás uniformados condenados, les correspondería el retiro deshonroso cuando la sentencia adquiera carácter irrevocable.
Ese efecto jurídico implica la anulación inmediata del salario de retiro y la pérdida definitiva del uso de uniforme, insignias, arma de fuego asignada, seguros médicos militares especiales y honores fúnebres castrenses. La normativa militar dispone que el retiro digno y las pensiones estatales son un reconocimiento a la idoneidad y al decoro en el servicio, de modo que una condena por desfalco revierte ese estatus y abre un nuevo contraste entre la función pública y el manejo de los recursos bajo custodia oficial.
En la relación también aparecen el general ERD Boanerges Reyes Batista, el coronel PN Rafael Núñez de Aza, el capitán de navío ARD Franklin Antonio Mata Flores, el teniente coronel ERD Pedro Roberto Castillo Nolasco, el coronel FARD Carlos Augusto Lantigua Cruz, el teniente coronel ERD Kelman Santana Martínez, el primer teniente FARD Erasmo Roger Pérez Núñez, el mayor ERD Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor PN José Manuel Rosario Pirón y la primer teniente PN Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez. Para este grupo de 12 uniformados, la ratificación de una condena por desfalco supondría perder no solo la libertad y el rango simbólico, sino también el acceso a recursos públicos reservados a trayectorias sin tacha, en un caso que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas institucional.