La confrontación entre el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el Poder Judicial subió de tono después de que el fiscal nacional del CARD, Césareo González Suero, negara haber interpuesto la querella con la que fueron emplazados tres jueces del Tribunal Superior Administrativo. La certificación, fechada el 16 de junio de 2026, abre un nuevo foco de cuestionamientos sobre la validez del procedimiento y sobre los controles internos con que se activó una actuación disciplinaria de alto impacto institucional.
González Suero afirmó que no presentó querella formal ni informal contra los magistrados Luisa Natividad del Carmen Canaan Polanco, William Radhamés Encarnación Mejía y Willys de J. Núñez Mejía, y sostuvo además que no autorizó ni delegó a nadie para actuar en su nombre. También aseguró que no fue convocado a reunión de la Junta Directiva Nacional para conocer o aprobar una acción de esa naturaleza. Pese a ello, el Auto número 028/2026 del Tribunal Disciplinario de Honor del CARD, correspondiente al expediente FDN-2026-0245, fijó audiencia para el miércoles 8 de julio de 2026 a las 10:00 de la mañana, en la avenida Bolívar número 9, Gazcue, Distrito Nacional.
El fiscal nacional dijo haberse enterado del auto por redes sociales y calificó el procedimiento como “nulo”, “ilegal”, “carente de legitimación activa” e “incompetente por razón de la materia y de la persona”. Además, pidió investigar la presunta falsificación de documentos y la posible usurpación de funciones. La citación fue firmada por Giovanni Matos Suberví, juez presidente del Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados, en un contexto en el que el Consejo del Poder Judicial ha advertido que solo sus órganos pueden conocer asuntos disciplinarios contra jueces, lo que agrava la alerta institucional alrededor del caso.