Las advertencias de la Junta Central Electoral no han bastado para poner freno al proselitismo fuera de tiempo, lo que pone al descubierto una falla de control institucional. Pese a las intimaciones emitidas, las violaciones a la ley siguen sin detenerse. El escenario se ha mantenido activo desde que concluyó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no impulsaría una modificación constitucional para buscar un tercer mandato.
La ley 33-18 establece que la precampaña electoral y las actividades proselitistas comienzan el primer domingo de julio del próximo año. Sin embargo, dirigentes oficialistas y opositores han ocupado el espacio público con acciones adelantadas. En ese marco, la propia JCE ha reconocido con sus actuaciones que las disposiciones vigentes están siendo desbordadas, sin que hasta ahora las advertencias produzcan resultados efectivos.
Entre los casos señalados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que fue intimado en agosto del pasado año por actos y declaraciones proselitistas antes del período permitido. La JCE incluso calificó como un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista realizaron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que refuerza las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.