Dos feminicidios ocurridos en entornos que debían ofrecer protección a las víctimas han vuelto a colocar bajo escrutinio al Estado dominicano, sus protocolos de prevención y la capacidad real de respuesta de las instituciones encargadas de atender la violencia de género.
Los casos de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez han reavivado la demanda de revisar por qué fallaron espacios pensados para resguardar a mujeres en situación de riesgo y de explicar qué mecanismos de seguimiento, coordinación y supervisión estaban activos al momento de los hechos.
Más allá del impacto social de ambos crímenes, el foco vuelve a estar en la rendición de cuentas: qué medidas de prevención existen, cómo se están aplicando y qué resultados concretos están ofreciendo frente a una violencia que sigue golpeando al país.
La discusión no se limita a la condena pública. También se extiende a la necesidad de fiscalizar los protocolos, evaluar su alcance real y determinar si las instituciones responsables cuentan con herramientas suficientes para identificar riesgos, actuar a tiempo y evitar que los casos escalen hasta el feminicidio.
En ese contexto, la presión sobre el Estado no solo apunta a responder a cada caso, sino a demostrar con transparencia qué está haciendo, con qué recursos y con qué resultados para proteger a mujeres amenazadas por la violencia de género.