El Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió una acción de inconstitucionalidad contra artículos del nuevo Código Penal y advirtió que varias de esas disposiciones podrían afectar el acceso a la salud, encarecer los servicios y provocar demoras en la atención.
La postura del gremio coloca bajo examen una pieza legal de amplio alcance, no solo por sus implicaciones penales, sino también por el impacto que podría tener en la práctica médica y en los derechos de los pacientes. Aunque el CMD no detalla en esta información un balance económico ni una evaluación oficial de las consecuencias de la norma, su advertencia obliga a que el debate público se centre en resultados, seguridad jurídica y efectos concretos sobre el sistema de salud.
La acción presentada ante el Tribunal Constitucional busca que se revisen artículos del texto aprobado, a los que el sector médico atribuye riesgos para la prestación de servicios. El CMD sostiene que esas disposiciones pueden generar costos adicionales y mayores retrasos, dos factores sensibles en un sistema donde el acceso oportuno sigue siendo una demanda ciudadana.
El caso abre un nuevo frente de discusión en torno al nuevo Código Penal, esta vez desde la perspectiva sanitaria. Para el gremio, no se trata solo de una controversia legal, sino de una norma que podría repercutir directamente en la relación entre médicos, centros de salud y pacientes.
La eventual revisión del Tribunal Constitucional será clave para determinar si los artículos impugnados se ajustan al marco constitucional y si su aplicación podría afectar el ejercicio profesional o el acceso a servicios esenciales. Mientras tanto, la discusión queda planteada sobre la necesidad de evaluar con transparencia el alcance real de la reforma penal y sus efectos en áreas sensibles como la salud.