La justicia impuso prisión preventiva a un cabo policial acusado de estar vinculado a la muerte de un coronel retirado en La Ciénaga, una decisión que reemplaza la garantía económica de 400 mil pesos y la presentación periódica que se le habían impuesto inicialmente.
El cambio en la medida de coerción coloca nuevamente en debate la consistencia de la respuesta institucional ante un hecho de alto impacto, en un contexto donde la confianza pública depende de que las reglas se apliquen con el mismo rigor para todos, sin privilegios ni tratamientos desiguales.
De acuerdo con la información disponible, el proceso avanza ahora bajo una medida más severa que la anterior, luego de que el tribunal sustituyera las disposiciones iniciales por prisión preventiva. La decisión refuerza el seguimiento judicial del caso y abre preguntas sobre la efectividad de las medidas menos restrictivas cuando se trata de hechos que involucran a miembros de la propia institución policial.
El expediente sigue en curso y será el desarrollo del proceso el que permita establecer responsabilidades penales y esclarecer los hechos en torno a la muerte del coronel retirado.