Santiago continúa registrando alrededor de 400 denuncias mensuales por violencia de género, una cifra que permanece estable y que vuelve a poner bajo examen la efectividad de la respuesta institucional frente a este tipo de agresiones.
Lejos de presentarse como un dato aislado o meramente estadístico, el volumen de querellas obliga a mirar con mayor rigor qué están produciendo los programas oficiales, cómo se están midiendo sus resultados y cuál ha sido su impacto real en la protección de las víctimas.
La persistencia de estos casos sugiere que la respuesta pública no puede limitarse a anuncios o esfuerzos generales. También requiere seguimiento, coordinación interinstitucional, rendición de cuentas y mecanismos claros de prevención, atención y acompañamiento.
En una provincia como Santiago, donde la violencia de género mantiene una presión constante sobre las familias y el sistema de atención, la continuidad de las denuncias plantea una exigencia concreta: que las autoridades expliquen qué funciona, qué no y qué ajustes están aplicando para reducir la incidencia.
La estabilidad de la cifra, en lugar de ofrecer señales de alivio, mantiene abierta la discusión sobre la capacidad del Estado para traducir sus políticas en protección efectiva y resultados verificables para la ciudadanía.