La Policía dispersó con bombas lacrimógenas una marcha de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) cuando se dirigía al Palacio Nacional para reclamar pensiones, aumento salarial, reposición de cancelados y viviendas, según denunció el gremio.
La protesta, que la organización describió como pacífica, fue impedida por las autoridades antes de alcanzar su destino. El presidente del gremio resultó afectado durante el operativo, en medio de un forcejeo que elevó la tensión en la zona.
El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la respuesta del Gobierno frente a las demandas de los profesionales agropecuarios, que hasta el momento no han recibido una contestación pública sobre los puntos planteados por la ANPA.
En lugar de una vía de diálogo o de una explicación oficial sobre el manejo del descontento, la intervención policial terminó desplazando el foco hacia el uso de la fuerza y la falta de soluciones concretas para un reclamo gremial que sigue abierto.
Los agrónomos mantienen sobre la mesa exigencias relacionadas con condiciones laborales, seguridad social y vivienda, en un escenario donde el conflicto ya no se limita a la protesta, sino a la ausencia de resultados verificables por parte de las autoridades.