República Dominicana está entre los países de Centroamérica y el Caribe con más regulaciones orientadas a reducir el desperdicio de alimentos, pero el diagnóstico presentado por Tetra Pak volvió a dejar sobre la mesa una realidad incómoda: contar con normas no asegura resultados cuando su aplicación falla.
En un desayuno de prensa celebrado en Santo Domingo, Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de la empresa, dijo que Costa Rica y República Dominicana encabezan la región en avances normativos sobre este tema. Aun así, alertó que persiste una brecha crítica entre lo que recogen las leyes y lo que realmente se ejecuta. “En algunos casos puede que exista la ley, mas no la aplicación de la misma”, afirmó.
La advertencia adquiere mayor peso en un escenario en el que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 38 % de la población vive inseguridad alimentaria, mientras 43 millones de personas padecen hambre, de acuerdo con la FAO. Al mismo tiempo, alrededor del 11.6 % de los alimentos producidos en la región se pierde o se desperdicia cada año, lo que muestra que el problema no solo es ambiental, sino también social y económico.
Basile sostuvo que reducir el desperdicio de alimentos requiere un trabajo conjunto entre el sector privado, los gobiernos y la ciudadanía, y subrayó que la responsabilidad no puede recaer en un solo actor. También apuntó que uno de los principales desafíos en América Latina sigue siendo la conciencia ciudadana sobre reciclaje y aprovechamiento de alimentos, sobre todo porque, aunque la industria puede medir y optimizar pérdidas mediante tecnología y procesos, el desperdicio en los hogares continúa siendo un reto.
El planteamiento deja una señal de alerta para el gobierno dominicano: estar al frente en materia normativa sirve de poco si la aplicación no se traduce en alivio tangible frente a la inseguridad alimentaria y al desperdicio. En un contexto en el que los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la discusión ya no se limita a mostrar marcos legales, sino a responder por su cumplimiento y por su efecto real en la vida de la gente.