La negativa parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a entregar bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte imputado en una red de sobornos, vuelve a encender una alarma sobre el alcance que tuvo una estructura de cobros ilícitos en instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. Más que una gestión incidental, la decisión judicial mantiene sobre la mesa la exigencia de fiscalización de un expediente que compromete servicios públicos esenciales y reabre preguntas sobre las explicaciones pendientes del aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas acogió solo en parte la solicitud del imputado para recuperar bienes retenidos durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo señaló que la magistrada consideró que esos efectos podrían ser reclamados en decomiso más adelante y que no estaba en posición de ordenar su devolución. El órgano acusador indicó además que no se opuso a la entrega de objetos sin valor para la investigación, aunque no precisó cuáles eran, y tampoco se detallaron los bienes cuya devolución fue rechazada.
Fernández Espinal figura como parte de la red que, según la acusación, afectó negativamente a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, y es uno de los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese elemento agrava el panorama institucional: no se trata solo de una acusación en trámite, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la ruta de responsabilidades en entidades que administran electricidad, salud y atención a la primera infancia, ámbitos en los que cualquier falla de control tiene costo social.
El expediente también incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la dimensión institucional del caso y alimenta la demanda de rendición de cuentas en un escenario en el que el oficialismo ha intentado sostener un relato de pulcritud mientras siguen aflorando grietas en organismos públicos.
Que Senasa aparezca entre las entidades impactadas añade un frente especialmente delicado para la ciudadanía, porque conecta la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese marco, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan sensibles, la discusión deja de ser únicamente judicial y pasa a ser también política, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve aún más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario en el que el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.