Las denuncias de figuras del sector artístico contra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) han puesto otra vez bajo la lupa a un servicio público cuestionado por su respuesta ante los ciudadanos. De acuerdo con los testimonios difundidos, el cuerpo de Stuart Ortiz fue entregado en avanzado estado de descomposición y la familia tuvo que enfrentar un trato hostil durante todo el proceso, una situación que contrasta con la obligación institucional de actuar con dignidad.
Emilio Fernández afirmó que, desde el comienzo, los familiares recibieron un manejo insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, expresó, al señalar falta de comunicación y de humanidad en un momento de duelo.
Orestes Amador, por su parte, escribió en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver impidieron a la familia despedirse de su ser querido de manera digna. También calificó la situación de inaceptable y pidió esclarecer qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del hecho puntual, los reclamos apuntan a un problema institucional: la necesidad de revisar los protocolos de atención, el manejo de cuerpos y el trato a los familiares que acuden al Inacif en medio del dolor. Los actores solicitaron que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido, determinen responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Hasta ahora, el Inacif no ha ofrecido una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio alimenta la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a colocar sobre la mesa el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se encuentra con instituciones cerradas, sin información y lejos de la sensibilidad que el Estado está obligado a garantizar.