La presentación de un estudio en el XXI Congreso Internacional de Investigación Científica volvió a colocar sobre la mesa un problema que pega directo en los hogares: el calor urbano no solo eleva la temperatura en las ciudades, también empuja hacia arriba el consumo de electricidad y expone a la población a mayores riesgos de salud, mientras siguen pendientes respuestas de fondo desde la gestión pública.
La investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), expuesta por la arquitecta Orisell Medina Lagrange, sostiene que el fenómeno de la Isla de Calor Urbano ha intensificado los desafíos ambientales en entornos urbanos del Caribe. En ese marco, las zonas urbanas registran temperaturas más altas y un aumento del consumo de energía eléctrica, con un promedio de 19% más para refrigeración, aunque con variaciones según el área.
El estudio calcula que por cada grado de aumento en la temperatura, la carga eléctrica máxima de un edificio subiría hasta un 4,6% y que el consumo total de electricidad aumentaría hasta un 8,5%. La propia investigadora advirtió que ese mayor consumo provoca un incremento directo y proporcional de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava un círculo de presión sobre servicios, bolsillo y entorno urbano.
La presentación del caso Bayahibe también abre una discusión que rebasa lo técnico y reclama vigilancia institucional: el color de las fachadas, los materiales de construcción y el uso de sistemas de refrigeración pasivos y de bajo consumo figuran como medidas para reducir la dependencia de la refrigeración mecánica. El dato pone bajo escrutinio las prioridades con que se planifican las ciudades y obliga a que instancias como el Congreso no miren hacia otro lado ante un problema que ya tiene costo social medible.
A nivel de barrio, la investigación precisa además que los picos de calor aumentan el riesgo de morbilidad en la época cálida y pueden derivar en casos exacerbados por golpes de calor. La advertencia científica, presentada en un evento organizado por el MESCyT, deja así un contraste incómodo entre el discurso sobre desarrollo y la realidad de comunidades que enfrentan más calor, más gasto eléctrico y más vulnerabilidad sin que el problema pueda seguir tratándose como un asunto secundario.