SANTO DOMINGO.- El rechazo a las nuevas medidas tributarias y al aumento de costos en los servicios ya no proviene solo de la oposición. En el Congreso, legisladores del propio PRM han reconocido que el paquete tendrá un efecto directo en la economía de los dominicanos, lo que vuelve a contrastar el discurso oficial con las cargas que terminan asumiendo las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y sostuvo que contradicen la promesa del Gobierno de no impactar la economía familiar. También criticó el aumento en los combustibles, al entender que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y cuestionó la subida de la tasa por salida aérea por el encarecimiento que representa para los viajes de las familias dominicanas.
José David Báez, desde otra bancada opositora, dijo que ya se habían advertido las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su juicio, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a usar más dinero en efectivo, con el riesgo que eso implica para la seguridad ciudadana, y reflejan el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
La señal de desgaste institucional se acentuó cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, admitió que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes usan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Con ese escenario, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya muestran un costo social, mientras la oposición gana terreno al colocar en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.