La actuación de la Digesett en la calle Canela Mota, en Baní, terminó generando nuevos cuestionamientos a la gestión pública local después de que la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, desautorizara el operativo y ordenara retirar a los agentes. La intervención de tránsito buscaba recuperar un tramo ocupado por una hilera de motoconchistas y, según el texto original, recibió respaldo inmediato de ciudadanos que reclamaban más orden, seguridad y fluidez.
El problema se concentra en el tramo entre la Presidente Billini y la calle Sánchez, donde se encuentra el Parque Infantil Encarnación Echavarría, conocido como “La Avenida”. Allí, la ocupación del espacio público por motoconchistas dificulta el estacionamiento de personas que acuden a centros médicos, oficinas públicas y plazas comerciales, además de entorpecer el flujo vehicular y peatonal. Aunque munícipes habían denunciado la situación y la Digesett ejecutó el desalojo, los transportistas informales acudieron a la Gobernación Provincial y, luego de ese encuentro, la gobernadora dispuso que se dejara “tranquilos” a los motoristas.
La decisión anuló una medida que había sido presentada como respuesta al clamor ciudadano y dejó en evidencia un choque institucional entre la autoridad de tránsito y la Gobernación. El resultado, de acuerdo con el propio desarrollo de los hechos, fue el regreso del caos vehicular, el perjuicio a comercios locales y una señal de debilidad en la aplicación de las normas sobre el uso de la vía pública.