En los primeros seis meses de 2026, Puerto Rico registró 248 asesinatos, 17 más que en el mismo tramo de 2025, un balance que vuelve a encender la alerta institucional sobre la seguridad en la vecina isla y plantea dudas sobre la eficacia de la respuesta oficial. La cifra también golpea a una sociedad estrechamente ligada con República Dominicana, en un escenario donde viven más de 80 mil dominicanos en territorio puertorriqueño.
De acuerdo con la Policía puertorriqueña, cuatro de cada 10 homicidios investigados este año están relacionados de forma directa con el narcotráfico. A ello se añade que tres de cada 10 muertes responden a venganzas o rencillas entre bandas rivales, mientras nueve de cada 10 asesinatos fueron cometidos con armas de fuego ilegales. La mezcla de crimen organizado, disputas entre grupos y circulación de armas refleja un deterioro que va más allá de la estadística y se traduce en mayor vulnerabilidad para la población.
Joseph González, jefe policial, defendió en una conferencia de prensa recogida por Prensa Latina la estrategia operacional aplicada en las zonas de mayor incidencia delictiva. Con todo, el propio balance oficial confirma el aumento de los homicidios, una contradicción que deja bajo examen los resultados de esos operativos y la capacidad real de contención frente al avance de la violencia.
Pese al incremento, el cuerpo de seguridad adelantó que los planes de contingencia seguirán sin cambios estructurales, mientras sus analistas mantendrán el foco en patrullaje e inteligencia para interceptar cargamentos de armas. La decisión de sostener la misma línea en medio del deterioro deja abierto el debate sobre rendición de cuentas, prioridad ciudadana y la urgencia de respuestas más efectivas ante una crisis que ya tiene un costo social visible en toda la región caribeña.