Una denuncia por presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís volvió a poner bajo la lupa la capacidad de supervisión del sistema de protección, después de que CONANI informara que solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre el control de ese establecimiento mientras el caso permanece en manos del Ministerio Público.
El organismo sostuvo que actuó “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, aunque el hecho de que la intervención se produjera luego de las denuncias y acabara con las personas responsables del centro detenidas acentúa el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
De acuerdo con CONANI, su Oficina Regional Higuamo participó en el operativo a solicitud de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. Las autoridades a cargo de la investigación indicaron además que los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Pese a que CONANI reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con el debido proceso, el expediente deja una alerta institucional difícil de soslayar: si fue necesaria una intervención con detenciones para actuar, la prioridad ya no es solo dar seguimiento al proceso, sino aclarar cómo operaba el centro bajo la mirada de los organismos encargados de supervisarlo y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya ha sido denunciado.