Milka Mercedes Ramírez permanece apartada de las aulas desde el 17 de enero, después de un procedimiento odontológico que derivó en secuelas persistentes. A más de seis meses de lo ocurrido, su esposo, Norberto Luna, sostiene que aún no puede hablar con normalidad y que depende sobre todo de líquidos y alimentos licuados para alimentarse.
El expediente ha terminado instalando dos interrogantes de peso: si hubo mala práctica o si se trató de intrusismo. Más allá de la discusión técnica o judicial, el caso vuelve a poner sobre la mesa la debilidad de los mecanismos de vigilancia en servicios que impactan de forma directa la salud, el trabajo y la estabilidad familiar. La afectada no solo enfrenta consecuencias físicas; también quedó fuera de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, asumen el cambio abrupto en la dinámica del hogar.
Luna contó a Listín Diario que ambos acudieron con confianza al consultorio del odontólogo William Almánzar por tratarse de un centro reconocido. Según su versión, allí un hombre revisó la panorámica, les indicó que era posible extraer las cuatro cordales y les dio la seguridad necesaria para fijar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, expresó.
La intervención, prevista para el sábado 17 de enero, quedó lejos de parecer un trámite rutinario. De acuerdo con el esposo, se extendió por cerca de cuatro horas; en ese lapso, el equipo de succión dejó de funcionar y quien realizaba la extracción tuvo dificultades para sacar una de las piezas dentales. Ese relato, todavía bajo el peso de una investigación, acentúa el contraste entre la confianza transmitida al paciente y el resultado que hoy mantiene a una docente fuera de las aulas.
Mientras la investigación judicial determina si existió negligencia o ejercicio sin la autorización legal o la capacitación exigida, el dato más contundente ya está a la vista: una familia quedó marcada durante meses por un procedimiento que debía resolver un problema de salud y terminó abriendo otro. En un escenario donde la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la demanda de fiscalización real y responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la factura la paga la gente.