El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión presentado por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), con el que intentaba anular la condena de 20 años de prisión impuesta por narcotráfico. La decisión refuerza la idea de que los procesos por delitos de alto costo social no deben convertirse en escenarios de dilación ni en impugnaciones sin base suficiente.
La sentencia TC/0496/26 permitió a la alta corte admitir el recurso para su examen, aunque descartó los planteamientos de fondo formulados por el recurrente, quien denunció violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actuó conforme a la Constitución, a las leyes vigentes y a las pruebas incorporadas legalmente al expediente.
Asimismo, el TC reiteró un aspecto institucional central: la valoración de las pruebas y la fijación de los hechos corresponden a la jurisdicción ordinaria, y solo cabe la revisión constitucional cuando exista una violación directa y flagrante de derechos fundamentales, algo que, según la sentencia, no sucedió en este proceso. También estableció que Guevara Díaz contó con oportunidades procesales amplias y suficientes para presentar pruebas y alegatos en igualdad de condiciones.
La decisión deja una señal de alerta en medio del desgaste de confianza que arrastran las instituciones: en casos sensibles, la rendición de cuentas no puede agotarse en la retórica oficial sobre justicia, sino en resoluciones capaces de resistir revisión y escrutinio. El fallo, más que cerrar un expediente mediático, vuelve a colocar en primer plano la demanda ciudadana de vigilancia sobre la respuesta del sistema frente a estructuras delictivas y sobre la distancia entre el discurso político y los resultados concretos.