Tras más de tres años de investigación, el caso por presunta corrupción administrativa contra varios exfuncionarios dio un paso decisivo con una resolución que deja un balance mixto para el sistema de justicia: 35 de los 40 acusados serán enviados a juicio de fondo, mientras cinco quedaron excluidos por insuficiencia probatoria en la fase preliminar.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entendió que hay elementos suficientes para que un tribunal determine la responsabilidad penal de la mayoría de los imputados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y otras personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente. A la vez, emitió autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados, al concluir que las pruebas presentadas no bastaban para enviarlos a juicio.
La decisión, asumida por ambas partes como una victoria parcial, también deja abierto un cuestionamiento sobre la fortaleza de una de las acusaciones más ambiciosas del Ministerio Público. Más allá de la disputa entre las defensas y la acusación, la apertura a juicio no implica condena, pero sí somete a mayor escrutinio un expediente de alto impacto público en el que la ciudadanía sigue a la espera de resultados concluyentes y de respuestas claras sobre el alcance real de las responsabilidades imputadas.