La resolución dictada el 29 de mayo de 2026 por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras más de tres años de proceso judicial, dejó un doble efecto en el caso de presunta corrupción administrativa contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina: Donald Guerrero fue enviado a juicio de fondo, mientras Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedaron fuera del proceso penal. La jueza Altagracia Ramírez de La Cruz dictó auto de no ha lugar a favor de ambos al concluir que las pruebas presentadas por el Ministerio Público resultaron insuficientes para sostener las imputaciones.
La decisión, basada en el artículo 309, numeral 5, del Código Procesal Penal, también dispone el cese inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre Castillo y Peralta, junto con el levantamiento de oposiciones e inmovilizaciones sobre sus bienes. En el caso de Peralta, quedaron sin efecto la garantía económica de RD$ 4.5 millones, el impedimento de salida y la presentación periódica; en el de Castillo, la garantía económica de RD$ 20 millones y el impedimento de salida del país.
Pese a que el expediente no fue descartado en su totalidad, la exclusión de dos de sus principales imputados en la etapa preliminar marca un contraste entre la magnitud del caso presentado y la capacidad de sostener parte de la acusación ante el tribunal. La decisión mantiene en pie el juicio contra Guerrero y otros 22 imputados físicos, además de varias empresas, pero también refuerza la exigencia de vigilancia sobre el manejo de procesos de alto impacto público y sobre los resultados concretos de las investigaciones tras años de trámite judicial.