La negativa de Banreservas a embargar fondos de la Junta Central Electoral evitó que se inmovilizaran los RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, aunque no puso fin a un proceso que vuelve a exponer la fragilidad institucional en torno a obligaciones discutidas en los tribunales. De acuerdo con la propia JCE, el banco sustentó su respuesta en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que prohíben inmovilizar fondos públicos salvo cuando exista una sentencia definitiva, requisito que —según afirma el órgano electoral— no se cumple en este caso.
El expediente, sin embargo, continúa abierto. La JCE informó que presentó un recurso de apelación contra el auto emitido el 29 de junio de 2026, con el que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC. Con esa decisión se buscaba otorgar fuerza ejecutoria en el país a un fallo dictado en Estados Unidos por un presunto incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo revisión un caso con posible impacto sobre recursos públicos.
La Junta asegura que demostrará ante los tribunales que no contrajo la obligación reclamada por la empresa y repitió que no existe prueba de aprobación ni de autorización de los servicios. Pese a ello, el hecho de que la controversia haya avanzado hasta una disputa por fondos de la institución refuerza el contraste entre el discurso de control y la exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión de este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.