Cinco organizaciones comunitarias y de derechos humanos de La Caleta pidieron al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos ocupados por cientos de familias, al considerar que esa es la salida para frenar desalojos que, según denuncian, se ejecutan de madrugada con maquinaria pesada y respaldo de la Policía Nacional. La solicitud presiona al Gobierno dominicano ante la ausencia de una respuesta institucional para un conflicto que, de acuerdo con los denunciantes, sigue escalando sobre viviendas habitadas.
La denuncia fue presentada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Consejo de Desarrollo Comunitario Valiente (Codecoc), la Red Urbana Popular (RUP), la Comisión de Derechos Humanos Filial La Caleta y la Coordinadora de Lucha Popular de La Caleta. Las entidades describen un patrón sistemático de brigadas que llegan de madrugada acompañadas por agentes policiales para derribar casas.
Según los dirigentes, entre los afectados hay niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, un escenario que profundiza el contraste entre la obligación del Estado de proteger derechos y el resultado que reportan las comunidades.
En representación de esas organizaciones hablaron Sócrates Peguero, Santo Carbajal Mota, Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, José Mieses e Ynocencio Reyes. Calificaron las acciones como «arbitrarias» y las vincularon con violaciones al derecho a una vivienda digna y a otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución dominicana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Para las organizaciones, la declaratoria de utilidad pública permitiría al Poder Ejecutivo intervenir de manera formal en la regularización de la tierra y avanzar en la entrega de títulos, una respuesta que vuelve a colocar en el centro la rendición de cuentas sobre cómo el Gobierno maneja este conflicto.