Las investigaciones mencionadas en el texto apuntan a una advertencia institucional de fondo: las sociedades con niveles extremos de desigualdad suelen erosionar la confianza en sus instituciones y ampliar la distancia entre grupos sociales. En ese escenario, el crecimiento económico deja de ser una credencial suficiente cuando amplios sectores sienten que sus condiciones de vida no mejoran.
El análisis destaca que, si una parte importante de la población no percibe resultados concretos en su vida cotidiana, la legitimidad del régimen democrático empieza a debilitarse. Esa desconexión entre crecimiento y bienestar puede derivar en frustración social, menor participación en las actividades electorales, mayor radicalización política y un deterioro del tejido social, un panorama que refuerza la necesidad de fiscalización pública y de rendición de cuentas sobre quién se beneficia realmente del desempeño económico.
América Latina figura en el texto como ejemplo de esa contradicción: la estabilidad macroeconómica y el crecimiento conviven con exclusión social, informalidad laboral y precariedad institucional. La conclusión es clara: el crecimiento por sí solo no garantiza justicia social ni fortalece automáticamente la democracia, sobre todo cuando las oportunidades no llegan a todos y las instituciones no operan con eficacia más allá de las élites.