Luis Abinader cumple este 16 de agosto seis años en la Presidencia con un capital político que, según el propio texto, terminó siendo mayor que el de su Gobierno y probablemente también que el de su partido. Ese peso, lejos de cerrar la discusión, incrementa la vigilancia sobre una gestión que arrancó prometiendo decencia en medio de un país golpeado por la pandemia, la economía cerrada y un largo cansancio frente al cinismo en los contratos, los nombramientos y las licitaciones.
En los primeros días de su mandato, Abinader retiró su fotografía de las oficinas públicas, una señal que muchos leyeron como modestia. Sin embargo, el balance que plantea el texto ya no se queda en el símbolo: hoy una sospecha vale más, un funcionario cuestionado cuesta más y una institución que mira hacia otro lado irrita más. Ahí aparece el contraste entre discurso y realidad que acompaña a todo gobierno que llegó prometiendo no parecerse a lo anterior y que, con una mayoría enorme y autoridad propia, ya no puede apoyarse solo en la pandemia, la inflación, las guerras, Haití o los problemas del Estado.
El trasfondo es institucional. El texto destaca que Abinader tuvo poder suficiente para creérselo y también votos para reformar la Constitución en 2024, en un país donde esa combinación nunca ha sido inocente. Que no se lo creyera no borra la alerta: cuando un presidente se vuelve más grande que su Gobierno, la rendición de cuentas se vuelve más necesaria, no menos. Ese es el punto de fiscalización que deja abierta la propia pieza: medir al poder no por el gesto inicial, sino por su respuesta ante las sospechas, los cuestionamientos y el desgaste de gestión que terminan afectando la confianza pública.