Este domingo, Luis Abinader alcanza la mitad de su segundo mandato de cuatro años con un balance atravesado por el contraste entre la estabilidad macroeconómica que exhibe el Gobierno dominicano y las críticas acumuladas por promesas que siguen sin ejecutarse. Sectores políticos y sociales cuestionan que continúen pendientes las modificaciones del Código de Trabajo, la reforma a la Policía Nacional, el Código Civil, la Seguridad Social y los reclamos sobre libertad de prensa, en un cuadro que reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre las prioridades reales de la gestión.
El Gobierno ha logrado sortear con relativo éxito la crisis en la factura internacional del petróleo derivada de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán, aunque lo ha hecho mediante subsidios para sostener con cierta estabilidad los precios de los combustibles. Ese manejo, sin embargo, convive con el hecho de que durante esta administración los combustibles se han disparado a niveles históricos, un costo social que golpea la vida diaria pese al discurso de estabilidad.
El politólogo Luis González dijo a EFE que los seis años de Abinader se han caracterizado por mantener crecimiento económico entre los primeros lugares de América Latina, pero con deficiencias, y señaló que en ese desempeño ha incidido el endeudamiento externo. También aludió a escándalos de corrupción. Aunque definió la gestión como de “más luces que sombras”, criticó el “retroceso” en el servicio energético y en los servicios públicos. En ese escenario, la entrada en vigor el 3 de agosto de un nuevo Código Penal aparece como uno de los pocos avances concretos frente a una agenda de reformas todavía inconclusa, un terreno donde la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, encuentra espacio para reforzar la fiscalización institucional del poder.