Donald Trump firmó un memorando que extiende por un año el embargo económico contra Cuba y mantiene vigente el bloqueo hasta el 14 de septiembre de 2027. Aunque la Casa Blanca justificó la decisión en el “interés nacional” de Estados Unidos, la medida vuelve a colocar bajo escrutinio una política sostenida durante décadas y cuyo impacto, según el gobierno cubano, recae de forma directa sobre la vida cotidiana de la población.
El documento, divulgado este martes pero firmado el 20 de agosto, se enmarca en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Las sanciones se remontan a la administración de Dwight Eisenhower en la década de 1960, antes de la llegada de Trump a la política, pero su prórroga reactiva el contraste entre la justificación oficial de Washington y las consecuencias denunciadas desde La Habana. El canciller Bruno Rodríguez condenó la extensión “en los términos más enérgicos”, afirmó que Estados Unidos “persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera” y calificó la política de “genocida”.
En medio de apagones y escasez reconocidos por Miguel Díaz-Canel, el gobierno cubano insiste en que el cerco económico agrava las carencias de los 11 millones de habitantes de la isla. El mandatario sostuvo que “no estamos al borde de un colapso”, pero la renovación del embargo refuerza la discusión sobre cuánto tiempo puede seguir presentándose como interés estratégico una medida que, en los hechos descritos por Cuba, mantiene presión sobre la población sin cerrar la disputa política entre ambos países.