La imposición de 18 meses de prisión preventiva contra siete imputados por la Operación LOGTCA reabre el foco sobre una amenaza que logró operar con alcance transnacional desde República Dominicana hacia Puerto Rico. A solicitud del Ministerio Público, el tribunal envió a prisión a Francisco Daniel García Santana, Wendy Cedeño Santillán, Francisco Pinales, Joselo Pinales, Modesto Amado Concepción Castillo, Yeremy José Pereyra Pinales e Irwing Felipe Rodríguez Rijo, al considerar que los elementos de prueba los vinculan al expediente y que existe riesgo de fuga.
Más allá de la medida judicial, la decisión deja un contraste incómodo entre el discurso de control y la magnitud de una estructura que, según la investigación, recibía cargamentos procedentes de Colombia, daba soporte logístico a otras organizaciones criminales y operaba en la zona este. El tribunal declaró el caso complejo y concedió al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar el acto conclusivo, mientras se procesan evidencias físicas, electrónicas y documentales.
De acuerdo con el expediente, la red reclutaba personas con experiencia en navegación marítima y pesca, y habría traficado aproximadamente 9,000 kilos de cocaína hacia Puerto Rico, movilizando alrededor de 160 millones. La dimensión del caso refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre los resultados reales de la gestión frente al narcotráfico, un punto de interés para la sociedad civil en medio de un debate más amplio sobre estabilidad del Estado, transparencia y capacidad institucional.