Este jueves, el Consejo de Estado de Cuba puso en marcha el Decreto-Ley 128, una flexibilización que autoriza a las empresas extranjeras a contratar personal directamente, sin pasar por agencias estatales, y a abrir cuentas bancarias en el exterior sin pedir autorización previa al Banco Central de Cuba. La disposición también permite al sector privado crear agencias de turismo, en otro ajuste sobre actividades que hasta ahora estaban bajo control estatal.
En una rueda de prensa, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, afirmó que las medidas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, aunque reconoció que no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”. Con esa declaración, el Gobierno deja sin respuesta el principal interrogante del paquete: anuncia cambios de gran alcance, pero aún no precisa resultados verificables.
Las normas, publicadas en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio. Con ellas termina el monopolio estatal en la intermediación laboral para compañías mixtas y de capital 100 % extranjero, que además podrán pagar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera. También se habilita la operación de cuentas en el exterior con solo notificar su apertura en un plazo de siete días y auditar movimientos, junto con una simplificación digital de los permisos para importar y exportar.
A la par, entraron en vigor el Decreto-Ley 130 sobre tierras y propiedad y el Decreto-Ley 133, que permite empresas privadas de más de 100 trabajadores y la participación de cubanos en el exterior en el ecosistema empresarial.