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Fonper podrá cubrir prestaciones de Falcondo tras autorización del tribunal de Santiago

septiembre 14, 2026 · Redactor
Fonper podrá cubrir prestaciones de Falcondo tras autorización del tribunal de Santiago
Foto: listindiario.com

La decisión habilita al Estado dominicano a adelantar recursos para obligaciones laborales ya determinadas, mientras continúa el proceso de reestructuración y persiste la presión sobre la fiscalización y la recuperación de esos fondos.

El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago autorizó al Estado dominicano, mediante el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), a poner en marcha un mecanismo para saldar las obligaciones laborales pendientes de Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) con sus trabajadores cesantes. La resolución, dictada el 10 de septiembre de 2026, surge luego de la prolongación del pago de prestaciones por parte de la empresa y deja en manos de recursos públicos una respuesta a un conflicto que seguía sin resolverse para los afectados.

De acuerdo con la decisión, el Fonper podrá adelantar los montos correspondientes a acreencias laborales previamente determinadas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de evitar que los trabajadores tengan que esperar hasta la conclusión del proceso legal. El tribunal señaló además que existen activos mobiliarios e inmobiliarios registrados a nombre de Falcondo que pueden ser realizados, lo que permitiría recuperar después los recursos dentro del proceso, mientras el Estado asumiría la posición acreedora por las sumas efectivamente desembolsadas.

Al acoger la petición estatal, el tribunal valoró la protección constitucional y legal de los derechos laborales, así como el impacto económico y social de mantener a los extrabajadores a la espera de que avance por completo un proceso de insolvencia. La medida alivia esa presión inmediata, pero también deja sobre la mesa el reto de que las autoridades vigilen la recuperación de los fondos adelantados y eviten que una demora empresarial termine trasladando al sector público el costo de obligaciones privadas.