La disputa entre Anadegas y los proveedores de verifones llegó al punto de requerir la intervención de varias instituciones del Estado, con el propósito de evitar que los usuarios de combustibles terminen cargando con las consecuencias de un pleito entre actores del sector. Pro Consumidor indicó que trabaja, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras entidades oficiales, en gestiones orientadas a hallar una salida antes de que se afecten los mecanismos de pago en las estaciones de servicio del país.
La preocupación se centra en las más de 700 estaciones afiliadas a Anadegas, después de que el gremio anunciara que retirará los verifones a partir del 25 de septiembre. Si esa decisión se ejecuta, cientos de usuarios que pagan combustibles con tarjetas bancarias tendrían menos opciones, un escenario que vuelve a colocar sobre las autoridades la presión de actuar antes de que el problema llegue de lleno al consumidor.
El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, exhortó a Anadegas a actuar con sensatez y afirmó que «las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado». La institución señaló que sigue atenta al proceso y en contacto con los directivos del gremio, mientras da seguimiento a las gestiones oficiales. El episodio deja abierto un foco de vigilancia sobre la capacidad institucional para impedir que conflictos sectoriales se traduzcan en nuevas trabas para servicios básicos de uso cotidiano.