La Operación Cobra 2.0 pone en evidencia una grieta sensible del sistema: una red habría seguido facturando ante SeNaSa aun después de la muerte de un médico adscrito, utilizando su código de prestador y el control de su cuenta bancaria para cobrar servicios que, según el Ministerio Público, nunca se realizaron. La investigación sostiene que el esquema sustrajo al Estado más de RD$41 millones mediante reclamaciones irregulares, entre ellas consultas imposibles.
La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa atribuye esa operación a Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, a quien señala como operadora externa e intermediaria en el manejo de los expedientes. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, tras el fallecimiento del profesional de la salud se accedió a su cuenta para canalizar desembolsos de la aseguradora estatal y triangular los fondos hacia el núcleo operativo de la estructura.
El documento añade que esos recursos terminaban sobre todo en cuentas de Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, identificado por la PEPCA como “el orquestador” principal del fraude. Más allá de las imputaciones individuales, el caso vuelve a confrontar el discurso de protección de los recursos públicos con la capacidad real de supervisar una institución clave, con impacto directo sobre dinero estatal que debía destinarse a servicios de salud.