La resistencia a ser fiscalizado no es un rasgo aislado del poder: se expresa cada vez que una pregunta pública recibe evasivas, silencio institucional o la descalificación de que todo cuestionamiento es un ataque. En ese patrón, la exigencia de explicaciones deja de verse como un deber democrático y pasa a tratarse como una amenaza, con un efecto directo sobre la transparencia y la confianza ciudadana.
El texto pone un caso concreto en República Dominicana. Durante el proceso electoral presidencial, la periodista Nuria Piera denunció que agentes de seguridad allanaron residencias y oficinas de algunas de sus fuentes, después de que revelara en su programa el financiamiento de un senador dominicano a una campaña presidencial extranjera. La reacción llevó al International Press Institute a pedir al Estado dominicano proteger el derecho a la información de la ciudadanía, una señal de alerta institucional sobre cómo responde el poder cuando se le exige rendición de cuentas.
Aunque se reconocen espacios de apertura formal, el propio balance expone el contraste entre discurso y realidad. República Dominicana figura en el puesto 44 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, con un retroceso en su indicador político frente al año anterior. El dato refuerza la necesidad de vigilancia desde la sociedad civil y de controles más firmes sobre quienes ejercen poder, en un contexto donde la fiscalización sigue chocando con resistencias en lugar de encontrar respuestas claras.