La solicitud de medida de coerción en el caso Senasa 2.0 llega este domingo con un elemento que agrava la alarma institucional: la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez, imputada junto a otros 22 médicos y empleados de la ARS estatal, también es señalada como propietaria de una clínica de estética que, según Salud Pública, operaba de manera clandestina y quedó vinculada a la muerte de una joven de 28 años tras una liposucción practicada por un barbero sin formación médica.
De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo detenido habría cobrado por consultas y procedimientos especializados no realizados a afiliados del Senasa. En el caso de Basora Ramírez, se le atribuye además presentar reclamaciones por supuestos procedimientos ginecológicos practicados a hombres, un dato que refuerza el contraste entre la función de resguardo del seguro público y las vulnerabilidades que ahora salen a la luz.
Salud Pública informó en julio que la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, en Santo Domingo Este, no contaba con permisos ni condiciones para operar. Tras la muerte de Rebecca Brizard, las autoridades requirieron la comparecencia de Basora, quien ignoró un primer citatorio y luego acudió a otro llamado para ser entrevistada. El director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, afirmó entonces: «Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando; no vino». También sostuvo que el centro «funcionaba de manera clandestina» y cuestionó que allí se realizaran procedimientos sin los equipos necesarios, mientras el barbero Enmanuel Hernández salió del país después de que el caso se hiciera público.